LA CUESTIÓN MAORÍ

Una de las cuestiones claves del tiempo de posguerra, y en concreto de los últimos treinta años, ha sido la que atañe a los derechos de la población maorí.

El activismo maorí para el logro de derechos sociales y económicos fue particularmente intenso durante las décadas de 1960 y 1970; demandaban la utilización de la lengua maorí en la enseñanza, medios de comunicación y actos oficiales, además de programas que preservaran su cultura y arte. Sus peticiones estaban, no obstante, unidas a la devolución de la tierra según las disposiciones del Tratado de Waitangi. 

El Tribunal de Waitangi quedó establecido en 1975, encargado de examinar y hacer recomendaciones sobre la utilización de las tierras maoríes y sobre las declaraciones de compensación. 

A principios de la década de 1990, se presentaron cerca de 400 demandas ante los tribunales, pero la cuestión que presentó mayores contenciosos fue la que se refería a grandes extensiones de la corona, de propiedad estatal. Se establecieron así una serie de acuerdos individuales con las distintas tribus (como el de 1994 entre la tribu de los waikato y el gobierno), aunque el lento proceso de negociaciones aumentó las protestas por parte de los activistas maoríes durante 1994 y 1995. 

En este último año, las reivindicaciones se centralizaron en la isla del Norte, provocando detenciones temporales y la ocupación de algunos lugares de interés cultural, entre los que estaban el Instituto de Artes y Oficios maoríes, situado en Rotorua. 

El 22 de mayo del mismo año, Bolger y Arkinui Te Atairangikaahu, reina de Tainu (máxima federación tribal del país), firmaron un acuerdo por el que se establecían las reclamaciones definitivas sobre la utilización de 50.000 ha de terreno cedidas ilegalmente a los europeos durante la década de 1860.

Esta petición suponía el pago en metálico y la devolución de la tierra, bajo una tasación gubernamental de un total de 116 millones de dólares. Las tierras vendidas a los colonos no quedaron contempladas en dicho acuerdo.